Escándalo de huachicol salpica a puertos: declaran sobornos millonarios y señalan a políticos en Ensenada

La confesión del capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana en Tampico, desató un terremoto político: admitió haber recibido 1.7 millones de pesos por cada buque con combustible ilegal, sumando más de 40 millones. Parte de esos recursos los entregó a la FGR al convertirse en testigo protegido. Sus declaraciones expusieron una red de corrupción que involucra a mandos navales ligados al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

El escándalo también alcanza a Baja California. En marzo, la FGR incautó más de 8 millones de litros de hidrocarburo en El Sauzal, Ensenada, en un predio del exsenador morenista Gerardo Novelo. Testimonios señalan que detrás operan redes de protección política encabezadas por los hermanos Carlos y Alfonso Torres —esposo y cuñado de la gobernadora Marina del Pilar Ávila— junto con otros actores locales.

Mientras 15 personas ya fueron detenidas en Tamaulipas, Veracruz, CDMX y Nuevo León, en Baja California los avances son escasos. La gobernadora ha evitado hablar de su familia, pero sí ha lanzado acusaciones contra el exgobernador Ernesto Ruffo, que fueron desmentidas por el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Las denuncias ciudadanas apuntan a un “pacto de silencio” en Ensenada, donde empresarios y políticos supuestamente presumen control sobre autoridades federales. El caso, dicen, evidencia un elefante en la sala: la corrupción que atraviesa los puertos del país y que mueve miles de millones de pesos en combustible ilegal.