Juez rechaza frenar orden de arresto contra Julio César Chávez Jr.

Tijuana, BC.— Un juez federal en Baja California negó suspender la orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr., quien es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, así como por los delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada.

La orden de aprehensión fue emitida en 2023, y Chávez Jr. se encuentra actualmente fuera del país, presuntamente en Estados Unidos.

El juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, otorgó solo una suspensión de plano con efectos limitados, es decir, no impide su detención, pero sí protege sus derechos humanos en caso de ser arrestado dentro del país.

“Se concede al quejoso la suspensión de plano para que de inmediato cese todo ataque a la libertad fuera de procedimiento e incomunicación, golpes, tormentos, malos tratos, o cualquier otro que sea cruel, inhumano o degradante”, resolvió el juez, según información de La Jornada.

El abogado del boxeador, Christian Camacho Ruíz, promovió una demanda de amparo, pero el trámite podría ser desechado si no se ratifica en un plazo máximo de tres días. Además, se deberá aclarar si el caso debe permanecer en ese juzgado, ya que el escrito fue dirigido inicialmente a un juez en Ciudad de México.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero declaró en conferencia de prensa que Chávez Jr. ha intentado protegerse con cinco o seis amparos, pero todos han sido rechazados.

“No, hemos negado el amparo porque no procede, ya que no lo tenemos en custodia”, afirmó.

También cuestionó la actuación de las autoridades estadounidenses, al señalar que permitieron que Chávez Jr. permaneciera libre pese a tener conocimiento de la orden de captura.

“Sabían perfectamente de esta orden. Se estableció en Estados Unidos, se casó allá y vivía libremente mientras nosotros hacíamos requerimientos formales para su entrega”, señaló Gertz Manero.

La suspensión otorgada por el juez no frena el procedimiento judicial en su contra, y solo limita posibles abusos al momento de ser presentado ante el Ministerio Público. El caso seguirá en proceso mientras se define la validez del amparo y la jurisdicción correspondiente.