Diputado denuncia desproporción en fondos a partidos: PES recibe millones pese a mínima votación

El diputado local de Morena, Juan Manuel Molina, alzó la voz durante el Foro para la Reforma Electoral en México, celebrado en el Centro Estatal de las Artes (CEART) Tijuana, al señalar las graves disparidades en la distribución del financiamiento público entre los partidos políticos locales y nacionales.

Molina recordó que en las elecciones de 2024, un partido local —con apenas 3.67% de los votos— obtuvo cerca de 125 millones de pesos, es decir, más del 40% del presupuesto total destinado a los institutos políticos. Ante este panorama, el legislador propuso modificar la fórmula nacional y estatal de financiamiento, para impedir que formaciones con mínima representación reciban sumas millonarias.

“Sabemos que el órgano local está por aprobar el financiamiento 2026, pero de no aprobarse esta reforma, iremos a impugnar nuevamente. Confiamos en que la nueva integración del Tribunal Electoral revise la desproporcionalidad existente”, advirtió Molina.

El representante del PRI ante el IEEBC, Joel Abraham Blas Ramos, coincidió en la urgencia de unificar criterios en torno al financiamiento público, criticando que el Partido Encuentro Solidario (PES) reciba 80 millones de pesos anuales, la misma cifra que los partidos nacionales, pese a su escaso respaldo electoral.

“Esta situación es totalmente inequitativa y distorsiona la contienda electoral”, afirmó Blas Ramos.

Durante el foro, donde también estuvieron presentes la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, los funcionarios evitaron pronunciarse sobre el tema. Según Molina, el caso ya ha sido llevado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin que hasta ahora se aborde el fondo del asunto.

El evento, sin embargo, no estuvo exento de polémica: asistentes denunciaron que trabajadores estatales y transportistas fueron obligados a acudir y comprobar su presencia con fotografías, generando constante movimiento en el auditorio.

Además, diversos ponentes aprovecharon el foro para exponer propuestas paralelas:

• Michelle Calderón Vargas, defensora de derechos humanos, celebró la apertura al diálogo y la posibilidad de que las ideas ciudadanas lleguen al Congreso.

• Berenice López Meza, abogada, pidió reforzar la paridad de género en las precandidaturas.

• Graciela Amezola Canseco, magistrada electoral, y Saúl Ramírez Sánchez, catedrático de la UABC, demandaron tipificar como delito la usurpación de representación indígena.

• Guadalupe Malpica Gómez, defensora pública, propuso incorporar la revocación de mandato estatal con una participación mínima del 10%.

• José Alfonso Galindo Santos, académico de la UABC, sugirió votaciones digitales seguras.

• Raúl Guzmán, de la Fiscalía Electoral, pidió mayor transparencia en el gasto partidista.

• Y Liliana Díaz de León, vocal del INE, advirtió sobre los riesgos logísticos de hacer coincidir elecciones con la del Poder Judicial.

El foro concluyó con un llamado general a corregir las inequidades del sistema electoral mexicano, especialmente en materia de financiamiento y representación política.