Hasta 8 años de cárcel por instalar cámaras clandestinas en Baja California

Foto: Ernesto Eslava

La seguridad en Baja California se endurece con la propuesta de Ley Antihalconeo, presentada por el diputado del Partido Verde Jorge Ramos Hernández, que busca imponer hasta ocho años de prisión a quienes instalen de forma clandestina cámaras de videovigilancia en la vía pública con fines criminales.

La iniciativa, que será discutida este 20 de agosto de 2025, reforma el artículo 317 Ter del Código Penal, ampliando las modalidades de vigilancia clandestina y sancionando a quienes intervengan el sistema oficial de seguridad.

El director de la Consejería Jurídica, Juan José Pon, detalló:

“No se sancionará lo que se instale en domicilios particulares, pero sí lo que se coloque en la vía pública o interfiera canales oficiales de seguridad. Incluso servidores públicos estarán sujetos a castigo”.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda subrayó que la medida apunta directamente a los centros de monitoreo clandestinos operados por el crimen organizado.

“Hemos retirado más de 1,600 cámaras de procedencia desconocida que atentan contra la seguridad de las familias de Baja California”, señaló.

De aprobarse, la pena aumentaría de los actuales uno a tres años, hasta un rango de tres a ocho años de cárcel, reforzando el combate contra el uso de tecnología para actividades ilícitas.