Reforma antilavado en México pone en riesgo a inmobiliarios por errores involuntarios

Con la entrada en vigor de la reforma a la Ley antilavado en México, los profesionales del sector inmobiliario ahora pueden enfrentar sanciones penales por presentar documentación falsa o errónea relacionada con el origen del dinero utilizado en la compra de propiedades, incluso si no existe dolo. Así lo advirtió Janeth Ayala, especialista en lavado de dinero, quien explicó que antes de la reforma solo había responsabilidad si se demostraba intención de engañar, pero ahora basta con una negligencia para que se considere delito. “Quiere decir que ahora puede ser un delito culposo. Quizás ustedes no se dieron cuenta, fue error humano. No va a importar, ya es un delito alguna información, documento, un dato falso, presentado ante la autoridad”, señaló. Agregó que este tipo de omisiones pueden derivar en penas de dos a ocho años de prisión, incluyendo también sanciones para quienes presenten documentos ilegibles en avisos o requerimientos de las autoridades. Durante una intervención remota en el desayuno mensual de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Tijuana, Ayala explicó que toda la cadena de suministro vinculada al crimen organizado —productos, servicios o bienes— se considerará parte de operaciones de lavado de dinero, lo que implica que los agentes inmobiliarios serán tratados como proveedores dentro de esa estructura. También apuntó que México fue presionado a hacer esta reforma tras señalamientos de Estados Unidos a diversas empresas mexicanas por recibir recursos ilícitos, incluyendo a bancos como Intercam, CiBanco y la casa de bolsa Vector. En ese contexto, recordó que México firmó en 2020 un acuerdo internacional para reforzar la lucha contra el lavado de dinero, y no cumplir con estas obligaciones podría dañar su relación con otros países. No obstante, Ayala cuestionó varios puntos de la reforma, asegurando que “la ley tiene muchos detalles que debieron haberse revisado porque esta norma choca con nuestra realidad”. Como ejemplo, mencionó que hay empresas que venden inmuebles a 20 años, lo que dificulta la integración del expediente completo. Finalmente, recomendó al gremio inmobiliario revisar minuciosamente toda la documentación y procesos administrativos para evitar errores involuntarios que puedan derivar en consecuencias legales graves.