Veracruz investiga asesinato de maestra: crimen organizado y extorsión bajo la lupa

Veracruz, México.— La muerte de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada que también trabajaba como taxista en Álamo Temapache, ha encendido las alarmas sobre la violencia criminal en el norte de Veracruz. Su cuerpo fue hallado el 24 de julio en un rancho, una semana después de haber sido secuestrada.

Días antes del hallazgo, circuló un video en el que Hernández Cruz, arrodillada y rodeada de hombres armados, enviaba un mensaje forzado advirtiendo a otros sobre las consecuencias de negarse a pagar extorsiones. Su ejecución se considera parte de una disputa entre grupos criminales por el control del cobro de cuotas, según el Gabinete de Seguridad Federal.

El Gobierno de México, la administración estatal y la Fiscalía General de Veracruz señalaron que trabajan de forma coordinada para dar con los responsables. La gobernadora Rocío Nahle informó que no se revelarán más detalles del caso por motivos de seguridad, pero aseguró que el crimen no quedará impune.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se está apoyando a las autoridades locales y que el caso forma parte de la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión. Aunque evitó emitir juicio sobre el mensaje que envía este asesinato, reiteró que el combate al crimen es una prioridad diaria para su gobierno.

Sin embargo, voces críticas no tardaron en alzar la voz. Ricardo Anaya, senador del PAN, condenó lo sucedido como un acto de “terrorismo criminal” y lo vinculó a lo que considera un pacto implícito entre autoridades y grupos delictivos. En su opinión, la estrategia federal de seguridad ha fracasado y ha permitido que el crimen organizado se expanda sin freno.

“La impunidad no es un accidente, es la consecuencia de una política que normaliza el crimen. Lo que ocurrió con Irma es resultado de una rendición del Estado”, sentenció Anaya, en referencia a la política de “abrazos, no balazos”.

El asesinato de Irma Hernández Cruz no solo representa una tragedia personal, sino también un punto de quiebre en la percepción pública sobre la seguridad en México y el papel del Estado frente al avance del crimen organizado.