Avanza ley que permite geolocalización sin orden judicial y obliga entrega de datos

El Senado de la República aprobó en lo general, con 77 votos a favor y 30 en contra, una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ha generado amplio debate por sus implicaciones en la privacidad y libertad de expresión.

Uno de los puntos más controvertidos es que las empresas proveedoras de servicios deberán entregar a las autoridades, sin orden judicial, información de sus usuarios y colaborar con la localización geográfica y en tiempo real de los dispositivos móviles. Además, estarán obligadas a conservar estos datos por al menos dos años.

La ley también establece como requisito presentar CURP (para personas físicas) o RFC (para personas morales) para contratar servicios de internet. Pese a ello, se asegura que la libertad de expresión y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas seguirán protegidas.

El dictamen elimina la facultad del gobierno para bloquear temporalmente aplicaciones, un artículo que había sido duramente criticado por activistas y organismos internacionales. No obstante, se mantiene la preocupación por el poder que otorga al Estado para vigilar sin orden judicial.

El senador del PAN, Ricardo Anaya, criticó la rapidez con la que se aprobó el dictamen y calificó la norma como el inicio de un “Estado espía”, señalando también riesgos de censura ante la posibilidad de suspender transmisiones por “falta de pluralismo”.

La ley contempla además la desaparición definitiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuya función será absorbida por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta se coordinará con la recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo.

Se prohíbe expresamente que medios nacionales difundan propaganda política de gobiernos extranjeros, con excepción de contenidos culturales, deportivos o turísticos. Las plataformas o medios que infrinjan esta disposición podrían ser sancionados con multas de hasta el 5% de sus ingresos.

Por otro lado, los impulsores de la reforma defienden su enfoque social: aseguran que permitirá llevar internet de banda ancha a zonas marginadas, beneficiando a más de 15 millones de personas, y dará más apoyo a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos.

La reforma aún deberá pasar por más fases legislativas y podría enfrentar controversias legales en tribunales.