SIP alerta por censura creciente en México: “Se institucionaliza el silencio”

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su “profunda alarma” por el resurgimiento de mecanismos de censura en México, evidenciados en decisiones judiciales, iniciativas legislativas y presiones administrativas que, según la organización, vulneran la libertad de expresión en distintos estados del país.

En un comunicado emitido el 22 de julio de 2025, la SIP —que agrupa a más de 1,300 medios del hemisferio occidental— denunció casos preocupantes en Campeche, Puebla y Ciudad de México.

En Campeche, un tribunal impuso al periodista Jorge Luis González Valdez una prohibición de referirse a la gobernadora Layda Sansores y obligó a su medio, Tribuna Campeche, a someter su contenido a revisión judicial previa. La SIP lo calificó como un “claro caso de censura previa”, contraria a la Constitución mexicana y a estándares internacionales.

En Puebla, una reforma al Código Penal introdujo el delito de “violencia digital” que sanciona con cárcel publicaciones que afecten la “dignidad” de una persona. La SIP advirtió que su ambigüedad puede ser usada para silenciar críticas hacia funcionarios públicos.

En Ciudad de México, el INE exigió al medio La Silla Rota revelar documentos y fuentes sobre la presunta entrega de “acordeones” en elecciones judiciales. La amenaza de una multa de casi 11 millones de pesos fue calificada como una forma de intimidación institucional. Además, el INE también habría exigido información a otros periodistas como Héctor de Mauleón y Laura Brugés, violando la protección del secreto profesional.

La SIP advirtió que estos casos no son aislados, sino parte de un patrón creciente de hostilidad hacia el periodismo. José Roberto Dutriz, presidente de la organización, alertó que usar el aparato institucional para inhibir la crítica “sienta precedentes graves” en un país democrático.

Martha Citlalin Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, fue más contundente: “Si se exige a periodistas revelar fuentes o enfrentar multas millonarias, estamos ante una forma sofisticada de coerción que no puede tolerarse”.