EE.UU. exige datos privados a caseros para acelerar deportaciones

WASHINGTON.— En un nuevo giro de la política migratoria estadounidense, agencias federales han comenzado a enviar citaciones a propietarios y administradores de viviendas para que entreguen datos confidenciales de sus inquilinos, como contratos, identificaciones y nombres de personas que vivan con ellos.

Las citaciones, emitidas por la unidad antifraude del USCIS —dependiente del Departamento de Seguridad Nacional—, no están firmadas por un juez, lo que ha generado inquietud entre abogados, administradores y defensores de derechos civiles.

El abogado Eric Teusink afirmó que varios de sus clientes han recibido estos documentos, los cuales carecen de supervisión judicial y podrían violar la Ley de Vivienda Justa. La profesora Stacy Seicshnaydre advirtió que responder sin respaldo legal puede ser riesgoso.

Aunque el DHS sostiene que son citaciones administrativas legales, muchos arrendadores han optado por ignorarlas, señalando que no están obligados a cumplir sin orden judicial. Expertos afirman que esta estrategia podría buscar rastrear redes sociales y familiares de inmigrantes.

El uso de citaciones sin juez no es nuevo, pero su aplicación directa a arrendadores representa un cambio significativo. Organizaciones continúan promoviendo campañas de "Conoce tus derechos" para evitar abusos y proteger la privacidad de los inquilinos.