EE. UU. retira sanciones a empresarios y firmas de Baja California ligados al narco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró este 6 de agosto a dos ciudadanos de Tijuana y a seis empresas de Baja California de su lista negra de personas y entidades vinculadas al crimen organizado. Miguel Ángel Uribe Uribe y Urbano Hernández Somero fueron eliminados oficialmente de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), al igual que las compañías Complejo Turístico Oasis, Playa Mar, Inmobiliaria La Provincia, Inmobiliaria Estado 29, Inmobiliaria Tijuana Costa e Inmobiliaria Esparta. Todas están registradas en Tijuana o Rosarito. Aunque el Gobierno estadounidense no ofreció detalles sobre las razones para eliminarlos, investigaciones anteriores los relacionaban con operaciones financieras del Cártel de los Arellano Félix. Hernández Somero fue señalado en 2006 como presunto prestanombres de Manuel Aguirre Galindo, uno de los principales operadores del grupo criminal, lo que provocó el congelamiento de sus bienes en ese país. Además, se le ha vinculado públicamente con Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN e implicado en teorías relacionadas con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. Ambos compartieron formación académica y vínculos políticos. Incluso se ha señalado que Sánchez Ortega trabajó con Hernández antes de unirse a los servicios de inteligencia. En años recientes, el nombre de Urbano Hernández también apareció en reportajes sobre redes de importación ilegal de autos y su supuesta cercanía con personajes de la administración de la llamada 4T, entre ellos Ricardo Peralta y el exgobernador Jaime Bonilla. La exclusión de estas personas y empresas de la lista de sanciones implica que ya no están sujetas a restricciones financieras por parte de entidades estadounidenses, y se levantan los bloqueos sobre cualquier bien o cuenta que pudieran tener en ese país. Durante el tiempo en que estuvieron sancionados, cualquier relación comercial o financiera con ellos estaba prohibida, y las instituciones que incumplieran enfrentaban consecuencias legales. Aunque las sanciones de la OFAC no implican culpabilidad penal, su inclusión en la lista reflejaba una acusación seria de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Su salida, por ahora, representa una rehabilitación en términos económicos y comerciales, aunque no necesariamente borra los señalamientos del pasado.