Errores, excesos y protestas: el costoso tropiezo del Departamento de Justicia en Los Ángeles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se enfrenta a fuertes cuestionamientos tras haber archivado o reducido múltiples cargos federales contra manifestantes arrestados durante protestas en Los Ángeles, iniciadas por redadas migratorias en junio. La razón: reportes falsos o engañosos por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que llevaron a arrestos y procesos judiciales de alto perfil.

De al menos 26 personas acusadas inicialmente de agredir o interferir con agentes federales —delitos que podían implicar hasta 20 años de prisión— ocho cargos graves fueron retirados en poco tiempo. En varios de estos casos, videos y declaraciones posteriores desmintieron los informes oficiales, revelando detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza y errores básicos, como confundir al acusado.

Uno de los errores más impactantes ocurrió en el caso de Christian Cerna-Camacho, donde el documento de acusación lo nombraba erróneamente como otra persona. Su detención, realizada con violencia mientras iba en coche con sus hijos pequeños, generó indignación pública.

También se desestimaron cargos contra las hermanas Ashley y Joceline Rodríguez, acusadas de agredir a agentes tras participar en una protesta. Videos revelaron que ambas fueron empujadas antes de su detención y que los hechos ocurrieron en secuencia distinta a la descrita por DHS. A pesar de las inconsistencias, se les volvió a acusar, esta vez por delitos menores.

Exfiscales y expertos legales calificaron la cadena de errores como un fracaso preocupante del sistema federal. “Cuando ni siquiera puedes nombrar correctamente al acusado, todo el caso pierde credibilidad”, dijo Sergio Pérez, exabogado del Departamento de Justicia.

Otros manifestantes, como Jose Mojica, Brayan Ramos-Brito y Jacob Terrazas, enfrentaron detenciones violentas y días en la cárcel antes de que sus cargos fueran retirados o degradados. Algunos aún enfrentan procesos por faltas menores, mientras que muchos más siguen cargando con antecedentes que podrían afectar su futuro.

Carley Palmer, exfiscal federal, señaló que si bien corregir cargos erróneos es parte del proceso, resulta preocupante que tantos casos llegaran tan lejos con evidencias tan endebles. Para algunos analistas, esto refleja una estrategia para reprimir la protesta social mediante la intimidación legal.

Mientras tanto, el fiscal federal de Los Ángeles, Bill Essayli —nombrado por la administración Trump— ha evitado pronunciarse públicamente sobre los errores, aunque su oficina inicialmente publicó fotos de los arrestados y promovió agresivamente los cargos. Su actitud ha provocado divisiones incluso dentro del sistema judicial federal.

La situación plantea preguntas cruciales sobre la ética, la transparencia y el papel de las instituciones federales ante el ejercicio de derechos civiles. Aunque algunos procesos continúan, la reputación de las agencias involucradas ha sufrido un golpe significativo.