Europa presiona a la Comisión Europea para deportar afganos ilegales, incluso negociando con los talibanes

Una coalición de 20 países europeos ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que tome medidas urgentes para repatriar a ciudadanos afganos que viven ilegalmente en Europa, ya sea de manera voluntaria o forzada, e incluso abrir negociaciones directas con el régimen talibán.

La iniciativa, encabezada por la ministra belga de Asilo y Migración Anneleen Van Bossuyt, cuenta con el respaldo de Austria, Alemania, Grecia, Italia, Hungría, Polonia, Suecia, Irlanda, Finlandia, entre otros Estados miembros y Noruega. En una carta dirigida al comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, los países argumentan que la falta de acuerdos de retorno con Afganistán desde la toma del poder por los talibanes en 2021 “pone en riesgo la seguridad de la UE y socava la confianza pública en las políticas de asilo”.

El grupo propone fortalecer el papel de Frontex, la agencia europea de fronteras, para coordinar retornos voluntarios bajo el Programa de Reintegración de la UE, mientras que las deportaciones forzadas se reservarían a personas consideradas peligrosas o con antecedentes criminales. También plantean organizar una misión conjunta entre la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y los Estados participantes para gestionar los traslados.

Alemania, gobernada por el conservador Friedrich Merz, ya ha dado pasos en esta dirección: en julio organizó un vuelo que deportó a 81 afganos, pese a que la ONU mantiene un aviso internacional que prohíbe los retornos a ese país. Solo Rusia reconoce oficialmente al gobierno talibán, lo que complica los acuerdos bilaterales.

La propuesta ha generado críticas de organismos internacionales, incluido el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OHCHR). La portavoz Ravina Shamdasani recordó que “Afganistán sigue siendo inseguro para los retornos forzados”, mientras Arafat Jamal, funcionario de la ONU, advirtió que continúan documentándose violaciones graves a los derechos humanos en el país.

Pese a las objeciones, los gobiernos impulsores insisten en que el aumento de solicitudes de asilo y la imposibilidad de deportar incluso a criminales condenados está generando tensión política interna y desconfianza ciudadana hacia el sistema migratorio europeo.