Trump ofrece $2,500 dólares a niños migrantes no acompañados para abandonar EE.UU. voluntariamente

La administración de Donald Trump implementó un nuevo incentivo económico para deportaciones voluntarias: ofrecer $2,500 dólares a niños migrantes no acompañados, de 14 años en adelante, que acepten regresar a sus países de origen por voluntad propia.

Según una carta obtenida por Reuters, el programa fue comunicado a refugios para migrantes por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La oferta comenzó aplicándose a adolescentes de 17 años, y no incluye a menores provenientes de México.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la existencia del estímulo, aunque sin detallar los montos, mientras que el DHS aseguró que se trata de un “apoyo único de reasentamiento” entregado solo después de que un juez apruebe el retorno y el menor llegue a su país.

El plan forma parte de una serie de medidas impulsadas por el gobierno de Trump para acelerar deportaciones. En junio, la administración ya había destinado $250 millones de dólares para programas similares, con bonos de $1,000 para adultos que aceptaran salir voluntariamente de Estados Unidos.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes criticaron duramente la iniciativa. Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defence (KIND), calificó el programa como “una táctica cruel” que contradice las leyes de protección infantil.

“Los niños no acompañados que buscan seguridad en Estados Unidos merecen protección, no ser presionados para regresar a los mismos peligros que los obligaron a huir”, declaró Young.

Actualmente, más de 2,100 menores se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), mientras que más de 600,000 cruzaron la frontera EE.UU.–México sin acompañantes desde 2019.

El programa enfrenta retos legales, especialmente tras una orden judicial reciente que impide deportar menores guatemaltecos con procesos migratorios activos mientras se revisa la constitucionalidad de estas políticas.