Uribe Vélez, primer expresidente condenado en Colombia; cumplirá 12 años de prisión domiciliaria

El 1 de agosto de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010), a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza Sandra Liliana Heredia Vargas le impuso además una multa de 3,400 millones de pesos colombianos (equivalente a unos 830,000 dólares) y lo inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos. Uribe, de 73 años, cumplirá la sentencia en su residencia ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia, mientras su defensa apela el fallo. El proceso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema desestimó la acusación y, por el contrario, abrió una investigación contra el propio expresidente. En 2018, se determinó que Uribe y su abogado Diego Cadena ofrecieron beneficios a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve para alterar su testimonio. En agosto de 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe por riesgo de obstrucción a la justicia. Tras renunciar al Senado, el caso pasó a la justicia ordinaria, donde la Fiscalía General intentó cerrarlo en dos ocasiones, sin éxito. En mayo de 2024, la fiscal Marlene Orjuela presentó cargos formales, y el 28 de julio de 2025, Uribe fue hallado culpable de dos de los tres delitos imputados. Su abogado, Jaime Granados, anunció la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y solicitó una prórroga hasta el 19 de agosto para fundamentar el recurso, dado que el fallo supera las 1,100 páginas. La sentencia ha generado reacciones divididas: el senador Cepeda la celebró como un acto de justicia, mientras que figuras como el expresidente Iván Duque y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Antonio Rubio, la calificaron de politizada. Además, un grupo de 36 expresidentes de América Latina y Europa firmaron un comunicado en rechazo al proceso. La apelación deberá resolverse antes del 16 de octubre de 2025, fecha en que prescriben los delitos. Analistas consideran que esta condena podría tener repercusiones políticas significativas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, dado el peso del partido Centro Democrático, fundado por Uribe.